Trump anuncia amenaza de cortar fondos a estados y ciudades que refugian a inmigrantes ilegales, expandiendo el riesgo para lugares que nunca se esperaban.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que a partir del 1 de febrero, negará fondos federales a cualquier estado que albergue gobiernos locales que se resistan a las políticas de inmigración de su gobierno. Esto significa que estados y ciudades que han establecido políticas para proteger a los inmigrantes ilegales de ser deportados podrían ver reducidos sus fondos federales.
La amenaza es aún más preocupante porque afectaría no solo a las ciudades santuario, sino también a otros lugares que nunca se esperaban. La lista de estados y ciudades que considera "santuario" es amplia y comprende varios estados demócratas, como California, Connecticut y Nueva York, así como ciudades como Boston y Nueva York.
El Departamento de Justicia había publicado una lista de más de tres docenas de estados, ciudades y condados que considera jurisdicciones santuario. La lista reemplazó una anterior que fue recibida con resistencia por parte de funcionarios que dijeron que no estaba claro por qué sus jurisdicciones estaban en ella.
El gobierno federal ha tomado medidas para detener el financiamiento de varios programas en los últimos meses y enfrenta impugnaciones legales. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha advertido a los estados que se han negado a proporcionar datos sobre los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria que se les descontarán fondos administrativos.
Trump ha argumentado que las ciudades santuario hacen todo lo posible para proteger a los criminales a expensas de los ciudadanos estadounidenses, y eso genera fraude y crimen. Sin embargo, muchos expertos consideran que esta amenaza es una forma de presión financiera que busca intimidar a los gobiernos locales.
El anuncio ha sido recibido con preocupación en varios sectores, incluyendo a los abogados y expertos en inmigración, quienes argumentan que la política de Trump viola la Constitución y los derechos humanos. La amenaza también ha generado reacciones negativas en algunos estados demócratas, donde los gobiernos locales han establecido políticas para proteger a los inmigrantes ilegales.
En resumen, la amenaza de cortar fondos federales a estados y ciudades que refugian a inmigrantes ilegales es un desarrollo preocupante que podría tener impactos significativos en la vida de cientos de miles de personas. La política de Trump ha generado una gran controversia y es probable que se produzcan luchas legales para defender los derechos de estos individuos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que a partir del 1 de febrero, negará fondos federales a cualquier estado que albergue gobiernos locales que se resistan a las políticas de inmigración de su gobierno. Esto significa que estados y ciudades que han establecido políticas para proteger a los inmigrantes ilegales de ser deportados podrían ver reducidos sus fondos federales.
La amenaza es aún más preocupante porque afectaría no solo a las ciudades santuario, sino también a otros lugares que nunca se esperaban. La lista de estados y ciudades que considera "santuario" es amplia y comprende varios estados demócratas, como California, Connecticut y Nueva York, así como ciudades como Boston y Nueva York.
El Departamento de Justicia había publicado una lista de más de tres docenas de estados, ciudades y condados que considera jurisdicciones santuario. La lista reemplazó una anterior que fue recibida con resistencia por parte de funcionarios que dijeron que no estaba claro por qué sus jurisdicciones estaban en ella.
El gobierno federal ha tomado medidas para detener el financiamiento de varios programas en los últimos meses y enfrenta impugnaciones legales. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha advertido a los estados que se han negado a proporcionar datos sobre los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria que se les descontarán fondos administrativos.
Trump ha argumentado que las ciudades santuario hacen todo lo posible para proteger a los criminales a expensas de los ciudadanos estadounidenses, y eso genera fraude y crimen. Sin embargo, muchos expertos consideran que esta amenaza es una forma de presión financiera que busca intimidar a los gobiernos locales.
El anuncio ha sido recibido con preocupación en varios sectores, incluyendo a los abogados y expertos en inmigración, quienes argumentan que la política de Trump viola la Constitución y los derechos humanos. La amenaza también ha generado reacciones negativas en algunos estados demócratas, donde los gobiernos locales han establecido políticas para proteger a los inmigrantes ilegales.
En resumen, la amenaza de cortar fondos federales a estados y ciudades que refugian a inmigrantes ilegales es un desarrollo preocupante que podría tener impactos significativos en la vida de cientos de miles de personas. La política de Trump ha generado una gran controversia y es probable que se produzcan luchas legales para defender los derechos de estos individuos.